EDITORIAL
El mes pasado, nuestra institución celebro sus 34 años, ya que el 24 de abril de 1984 un grupo de propietarios de farmacias fundó la Unión de Farmacias. Desde ese momento histórico, hemos trabajado para hacer realidad la aspiración de convertir esta noble actividad en un digno ejercicio del comercio.
Durante tres décadas hemos visto cambios de gobiernos, cambios en la legislación que regula el sector, cambios en las políticas farmacéuticas y cambios originados por el impacto de la Seguridad Social. Por igual, cambios en las norma internacionales que regulan la propiedad intelectual, cambios en las reglas que nos imponen los tratados de libre comercio y cambios en las normas emanadas de los organismos internacionales que intervienen en el mercado farmacéutico.
En este momento, se hace imperativo llamar la atención sobre los retos que enfrenta nuestro sector. Hoy en que la multiplicidad de regulaciones nos imponen cuotas de elevados sacrificios, al mismo tiempo nos vemos compelidos a competir con actores – cuyos capitales no parecen provenir de la actividad de farmacia- que mantienen una posición de desprecio a esta dignidad y a los principios morales que regulan una actividad tan delicada como el suministro de medicamentos confiables a la población.
La ocasión es propicia para destacar que justamente cuando la Seguridad Social cumple 17 años, los impactos negativos que han generado algunas ARS constituyen un elemento de alta preocupación. Esas ARS juegan roles completamente contrarios a las normativas que rigen la materia, perjudicando al sector farmacéutico, con acciones que coartan la libre competencia basada en la confiabilidad, calidad y buen servicio.
Estas empresas, abusan de su posición dominante en la contratación de los servicios y pretenden controlar al médico suscriptor de las recetas, al producto recetado a sus afiliados, al laboratorio fabricante y a la farmacia dispensadora. Así como ejercer un control total y el secuestro de los Programas de Prevención y promoción, PyP. Todo esto genera una distorsión del mercado que va en detrimento de los consumidores, quienes se ven obligados a buscar atención única y exclusiva en los profesionales y/o establecimientos señalados por las ARS, limitándoles el derecho a la libre elección. Así como debe de ser.
Estas nuevas prácticas son de alta preocupación para los establecimientos farmacéuticos y deberían ser también para las autoridades del sector, por la forma en que afectaran la calidad y confiabilidad de los servicios de salud a la población. Las ARS, en su afán de lucro, pretenden no solo recibir los beneficios que les permiten las leyes, sino ir tras los que corresponden a otros sectores que participan en la Seguridad Social, como son los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
En estos 34 años, hemos enfrentado grandes retos y seguiremos haciéndolo de manera permanente y responsable, en todos los escenarios donde sea necesario enfrentar actividades tan riesgosas para la población como el expendio de medicamentos adulterados, la proliferación de establecimientos ¨farmacéuticos¨ ilegales, como los llamados ´puestos de medicinas¨, tan de moda en algunas provincias.
Apreciamos el trabajo de DIGEMAPS, del Ministerio de Salud Pública, persiguiendo estas actividades ilícitas y les ofrecemos nuestro apoyo en el combate para erradicarlas. Confiamos también en que las farmacias, último e importante eslabón en la cadena de suministro, sean colocadas en los planes del Gobierno para la agilización administrativa, como se ha hecho con la renovación automática del registro sanitario de medicamentos.
Una vez más ofrecemos nuestros negocios legalmente establecidos, para apoyar al gobierno en el suministro de medicinas confiables y baratas a los pobres. Así se lo hicimos saber al señor Presidente y le dijimos que puede contar con la Unión de Farmacias para lograrlos, pues estamos comprometidos con esa causa. ¡Adelante!
